Una política urgente

por Camilo Napalpi

Sin lugar a dudas estamos ante una coyuntura sin precedentes, producto de la pandemia del coronavirus. El primer efecto a observar es una crisis de los sistemas públicos de salud y de asistencia social, que se conjuga con una crisis económica preexistente. El resultado es preocupante para la inmensa masa del pueblo que se encuentra en condiciones extremas para la sobrevivencia, en nuestro país y todo el orbe. En particular las inhumanas condiciones de vida de millones de familias del pueblo trabajador, luego de 4 años de gobierno Macrista, resultan desesperantes. 

Cabe preguntarse si este conjunto de factores conduce a implosionar las capacidades de contención de los gobiernos.  Superando el lógico miedo que genera la pandemia y, por otro lado, el consenso en favor del Gobierno de Fernández (en gran parte generado por el rechazo al anterior gobierno), ¿ha logrado la población replantearse aspectos de la sociedad en la que vivimos, logrando volcar sus esfuerzos hacia la búsqueda de mayor justicia, igualdad y solidaridad social?

Está claro que las fuerzas políticas y sociales que responden a los intereses populares,  cuentan aún con un alto grado de fragmentación programática-organizativa y que la crisis sanitaria nos tomó por sorpresa. ¿Son suficientes y coordinadas como para pensar no sólo un escenario viable de pos-pandemia sino una alternativa anticapitalista.? 

Es un desafìo trabajar sobre estos interrogantes. 

Las distintas políticas ante la pandemia.

En este marco han salido a la luz las diferentes formas de enfrentar la crisis humanitaria producida por la pandemia, por las diferentes variantes políticas al frente de los Gobiernos del mundo y en particular de nuestro subcontinente latinoamericano. Por un lado se encuentran gobiernos de claro corte neoliberal, muy vinculados y comprometidos con los sectores más concentrados del capital, que prefieren resguardar sus intereses económicos a costa de afectar la salud de inmensas porciones del pueblo. Y que ha arrojado el brutal  resultado del fallecimiento de miles de seres humanos. 

Mientras que, por otro lado, hubo respuestas de corte más progresista, e incluso de izquierda, que han atendido más humanamente la grave situación sanitaria y económica. 

En América Latina podemos repasar algunos ejemplos testigos de estas diferencias. En primer lugar está Brasil, que supera el millón de contagios (1 cada 200 habitantes) y 50.000 muertes (1 cada 4000 habitantes). A pesar de estos indicadores el gobierno de Bolsonaro continua atropellando la dignidad humana, menospreciando las vidas del pueblo y actuando con total impunidad de manera insensible y genocida. Ante los límites propios de la situación, la población apenas empieza a reaccionar y manifestar su repudio. En Argentina, en comparación con el país vecino, la respuesta ha sido más activa y progresiva. El resultado es que el nivel de contagios está en los 45.000 (1 cada 1000 habitantes) y 1000 muertes (1 cada 45.000 habitantes). Es clara la diferencia con su vecino con una escala, en relación al número de habitantes, de 5 veces menor de contagios y 10 veces menor de fallecimientos. 

Por otro lado podemos comparar los resultados de Chile, que ya atravesaba una severa crisis política producto del estallido social, donde los resultados son aún peores en relación a su población y uno de los más graves a nivel mundial en proporción a la población. Los contagios son 250.000 (1 cada 80 habitantes) y 4500 muertes (1 cada 4500 habitantes). La respuesta de Piñera es una muestra cabal de cuál es la prioridad de estos gobiernos. El modelo chileno, tan exaltado durante mucho tiempo por las derechas, se puede resumir en dos variables: mercantilización y represión. Siendo uno de los gobiernos que más gastos realizó en material bélico, desde la dictadura de Pinochet, en desmedro de los sistemas de salud o asistencia social. 

A modo de citar otro ejemplo, en contraste, tenemos el paradigma revolucionario de Cuba. Con solo 2300 contagios (1 cada 4500 habitantes) y 85 muertes (1 cada 130.000 habitantes) el país socialista es muestra de los mejores resultados ante la pandemia.  Éstos resultados no son sólo el producto de uno de los mejores sistemas de salud e industria biotecnológica del mundo, sino que la población sabe que el poder popular revolucionario no dejará a nadie desamparado ante el cumplimiento de las normas de cuidado. Por lo que las preocupaciones en los países capitalistas sobre la subsistencia no corren del mismo modo que en Cuba. En los países Capitalistas donde el “mercado gobierna” y son insuficientes las medidas de asistencia social, se empuja a la población más vulnerable a romper el distanciamiento social, principal “vacuna” contra el contagio hasta el momento, como único medio de supervivencia económica. 

A la luz de la evidencia, es de vital importancia remarcar que una de las respuestas necesarias ante la pandemia es fortalecer las medidas de cobertura social universal y replantear y fortalecer los sistemas de salud, ciencia y tecnología. Si Cuba, bloqueada por EEUU (con la complicidad de Israel) desde hace 60 años, puede afrontar esta situación, está claro que en nuestros países, el único factor que se opone a ello son los sectores monopólicos-oligopólicos del Capital, que ven en esas políticas el peligro de que se acabe su reinado sobre nuestra vida. Es por ello que agitan sus peores fantasmas, como el comunismo. 

El panorama es claro y se pueden comprender cuáles son los grandes bloques políticos, a partir de sus respuestas a la crisis sanitaria y económica. En simultáneo, se avizora cuáles son las tendencias en desarrollo ante un panorama pos-pandemia y frente a una crisis que mostrará elementos más complejos que los que hasta ahora se han visto. 

La crisis mundial agudizada por la pandemia. 

Como vemos, las diferentes respuestas ante el virus prefiguran diferentes escenarios en cada país. Pero, por el alto grado de integración e interdependencia de la economía mundial, es imposible prescindir sus efectos en las economías nacionales. Las perspectivas son sombrías y afectará directamente las posibilidades de atender una prolongación de la emergencia sanitaria y sus consecuencias para un horizonte post-pandemia. Teniendo en cuenta que la crisis Capitalista, que ya venía con una recesión con altibajos desde 2008, ahora se ha convertido en una crisis fenomenal. Según informes de los organismos supranacionales como la OMC y el FMI, representantes de los grandes intereses capitalistas globales, se estima una caída promedio de 9.4% para la economía mundial. Niveles que serían similares o peores a los de la gran depresión de los años ‘30 del siglo XX. 

No caben dudas que si no respondemos adecuadamente, las primero que van a perder son las economías absolutamente dependientes como la nuestra.  Donde el control económico lo tienen sectores altamente concentrados de capital monopólico-transnacional y donde el proyecto neoliberal ha despojado de herramientas estatales para incidir en sentido contrario. En ese aspecto, la intervención del Grupo Vicentin, como un ejemplo, no es una cuestión menor y permite empezar a discutir políticas ante un futuro que requerirá repensar y replantear en profundidad las políticas que nos llevaron al punto actual.  

Esa economía dependiente, “distorsionada por la acción de los capitales imperialistas”,  ha configurado una realidad laboral altamente precarizada y marginada, y con un ejército de reserva (K. Marx se refería así a la población que resulta excedentaria como fuerza de trabajo respecto a las necesidades de la acumulación del capital) de desocupadxs de carácter estructural. Hace cuatro décadas que los niveles de desocupación en nuestro país están lejos del 3% que había hacia finales de los 70’s, considerado como umbral de pleno empleo. Y que en el mejor momento en la década de gobierno kirchnerista, con viento a favor de las commodities, apenas rozó el 6%, pero con niveles de precarización e informalidad del 45%. Por ello, no es novedad que ahora estamos pagando las consecuencias de ese desarrollo dependiente, altamente concentrado y extranjerizado, y la destrucción del complejo industrial sustitutivo de importaciones, con inmensas masas de familias desamparadas que no tienen el ingreso de un salario mínimo para la supervivencia. Sumadas a condiciones paupérrimas de vida materiales (vivienda, servicios, acceso a bienes materiales, culturales y educativos) que no han sido nunca resueltos, ni siquiera  en lo periodos de la primavera neodesarrollista. 

Las consecuencias de esa estructura productiva-laboral han salido a la vista y se expresan en los más de 10 millones de solicitudes de IFE (Ingreso Familiar de emergencia), que estuvieron muy por encima de las predicciones iniciales del propio Gobierno. Esta medida ha sido un buen reflejo gubernamental y la propiciamos. Es innegable que la IFE es un salvavidas, pero lejos está de ser un bote de salvataje cuando la canasta total para que una familia no sea pobre ya superó los $40 mil. A la vez, es necesario contraponer medidas como la suspensión de la actualización automática de jubilaciones, el mantenimiento de las tarifas macristas de  los servicios y la renegociación de la deuda pública, que impone una erogación de millonaria de recursos, indispensables para enfrentar el panorama descripto. Medidas que se realizan en nombre de los “necesarios sacrificios y la premisa de ser solidarios”, cuando ese sacrificio se le pide básicamente al pueblo trabajador que ya ha perdido muchísimo en años de ajuste, paritarias a la baja y desempleo en ascenso. 

Por otro lado, un problema no menor, es que durante la pandemia ni los abortos clandestinos ni los femicidios han disminuido; por el contrario las mujeres y disidencias se encuentran con menos espacios de contención y mayor exposición a la violencia. El Ministerio de Mujeres Género y Diversidad ya lleva seis meses sin presupuesto, siendo una de las políticas de retórica discursiva más progresista de la asunción del nuevo gobierno. Aún así, y con la crisis presupuestaria motivo de la deuda, su presupuesto y programa de acción fue una incógnita durante todos estos meses, no haciendo más que difusión del Ni Una Menos y la línea 144 preexistente. Sumado a la crisis de recursos del programa de Salud Sexual y Procreación responsable del Ministerio de Salud (destinado a la distribución de métodos anticonceptivos en hospitales, centros comunitarios de salud y organizaciones sociales) y a la faltante de tratamientos hormonales para personas trans, deja a un país que durante la pandemia ha vulnerado los derechos de asesoramiento social y sanitario a una gran cantidad de mujeres y disidentes. 

Nuestra política ante ésta realidad

La situación que afecta a millones de seres humanos, pone sobre la mesa la necesidad de establecer un programa mínimo que permita ordenar nuestras tareas políticas. Los indicadores y estudios más conservadores avizoran una profunda caída del desarrollo económico, con una recesión galopante, mientras que inmensas porciones de la población serán lanzadas a la miseria y la carestía, con consecuencias de mayor vulnerabilidad ante un posible contagio. 

Pensar que en el marco de continuidad de esta estructura económica se puede resolver y atender estos vitales dilemas, sin afectar los intereses de las grandes mayorías, nos lleva a callejones sin salida que alimentarán las tendencias reaccionarias y de derecha. Un ejemplo de ello es la reciente política de pago en cuotas de aguinaldos a estatales. Ante problemas presupuestarios en las arcas públicas, magnificados por la crisis, se empieza a atacar derechos conquistados de lxs trabajadorxs. 

En este marco, han surgido diversas propuestas y medidas al interior del campo popular, que consideramos fundamentales y que requieren, lógicamente, de un esfuerzo e intención política claras: 

  • La suspensión e investigación de la deuda pública, que permitiría recuperar ingentes recursos para el financiamiento de las estructuras públicas de salud y científico-tecnológicas, para atender la emergencia y su superación. 
  • Impuesto a las grandes fortunas para financiar la asistencia social. 
  • Medidas de soberanía alimentaria, que permitan atender en primer lugar la seguridad alimentaria y en segundo lugar un replanteamiento del modelo productivo de alimentos. La expropiación de Vicentín  podría ser un primer paso en ese sentido.   
  • Centralización del sistema de salud privado y público.
  • La aprobación de un salario universal mínimo y vital, para atender la economía distorsionada por la alta dependencia de nuestra economía que excluye a millones. 
  • Desdolarización de las tarifas.
  • Proyectos de vivienda de gran escala que resuelva el hacinamiento social, las condiciones miserables de hábitat y a la vez de una respuesta laboral para millones. 
  • Plan de acción y presupuesto inmediato para dar respuesta a la violencia de género y salud sexual. 

Para llevar adelante estas medidas es necesario conformar una coalición de fuerzas suficientemente importante que nos permita enfrentar grandes y poderosos intereses. Pero para ello se requiere disposición organizativa y política para realizarlo. Los ejemplos de la autoconvocatoria “Por la suspensión del pago e investigación integral de la deuda pública” y la campaña “No tienen coronita” (impuesto a las grandes fortunas) son claros intentos de ello. Pero aún resta lograr construir puentes entre distintos bloques políticos que permanecen compartimentados por distintos factores y es importante su participación. 

Al respecto los sectores de izquierda, que serían una fuerza principal para impulsar estas medidas, se encuentran divididos en tres o cuatro grandes bloques. Por un lado, la izquierda conglomerada a partir de una política de “delimitación”, identificada en el trotskismo, con representación legislativa nacional y regional. Por otro lado una autodenominada izquierda popular, que ha optado por aliarse a partidos de la burguesía enlistadas en el peronismo, algunas franjas minoritarias del radicalismo, y sectores del sindicalismo que abrevan en esa identidad política. Esta izquierda concibe este tipo de alianza como única forma de realizar en el corto plazo algún tipo de medida de corte progresivo. En tercer lugar, una izquierda más heterogénea, en la que nos ubicamos, con diferentes experiencias y corrientes de pensamiento que han oscilado en apoyo a coaliciones de diferente nivel con estos agrupamientos mencionados previamente. Y por último un sector más vinculado a proyectos de lucha social y dispersos en experiencias de carácter sindical que no se alinean directamente con ninguno de dichos bloques.

El desafío es buscar las coordinaciones y estrategias políticas que fortalezcan un bloque con un programa mínimo común, que no se autofagocite por las distintas variantes que ese programa puede tomar, comprenda la gravedad de la situación y tome resoluciones acordes a ella. 

Como se puede vislumbrar, no es una tarea fácil pero es urgente. Manteniendo firmes los principios que nos contienen, la mirada fija en el futuro anticapitalista y feminista que queremos forjar y con la suficiente flexibilidad política para encarar los objetivos inmediatos que la coyuntura está marcando con una crudeza pocas veces vista. 

sendaguevarista

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