Lo que el COVID-19 devela: una radiografía del sistema de salud argentino

por Dai y Ami

El mundo está atravesando una situación excepcional en el marco de una pandemia, que ha dejado a muchos de los Estados en jaque, pero sobre todo ha expuesto las miserias del sistema capitalista a lo largo y ancho del globo terráqueo. La pandemia del COVID-19 encontró a muchos países con años de desarticulación y privatización de los sistemas de seguridad y asistencia social, de salud y de educación, junto con grandes niveles de precarización laboral y altos índices de pobreza. Esto ha generado que el derecho y el acceso a la salud se recorte en torno al escalafón social en el cuál se pertenece, con la convivencia de sistemas de salud privados y públicos en el cotidiano.

Una vista a los sistemas de salud en América junto al desarrollo del COVID-19 deja entrever las prioridades y los límites de las políticas aplicadas por los estados neoliberales y gobiernos fascistoides en nuestro continente. La avanzada neoliberal del mercado en los años ‘70 transformó a la salud en un bien de consumo, perdiendo su estándar de derecho básico para el conjunto de la población. En este sentido si bien la atención en los hospitales y efectores públicos es gratuita, los recortes de insumos (que impiden el desarrollo de buenas procedimientos), la estructura insuficiente, el personal acotado (que conlleva a espera de turnos eternos) y las tremendas odiseas para conseguir muchos medicamentos, dan cuenta del desfinanciamiento del sector público. Esto junto con la proliferación (con un fuerte respaldo estatal) de instituciones privadas y seguros médicos que responden a la lógica de lucro capitalista consolidando el negocio de la salud.

Estados Unidos actualmente lidera los índices mundiales de muertes y contagios en el mundo, teniendo a Trump como principal hostigador a la OMS (retirándole su financiamiento en medio de una pandemia) y a China por su responsabilidad en el brote del COVID-19. La guerra comercial no se detiene y quienes se perjudican es la clase que vive de su trabajo. Esto queda más que claro cuando el avance de la pandemia le dio “justificativo” a los empresarios norteamericanos para despedir a más de 10.000.000 trabajdorxs en las últimas tres semanas.

En América del Sur, Brasil, Ecuador y Chile presentan una grave situación ante la escalofriante cifra de personas fallecidas y la enorme exposición al contagio que tienen sus habitantes. Sin ir más lejos, en los últimos días, Bolsonaro despidió a su ministro de Salud, quien se oponía a subestimar el impacto de la pandemia sobre el pueblo brasileño y pedir la cuarentena como medida de cuidado. Y luego participó en las manifestaciones de la ultraderecha junto al Ejército. En toda Nuestra América lo que más preocupa es que, una vez más, la salida con medidas punitivista o represivas se hace presente como estrategia de control social. En Perú, por ejemplo, el presidente Vizcarra autorizó a las fuerzas de seguridad (Ejército, Gendarmería y la PNP) a usar las armas de fuego e incluso llegar a quitarle la vida a aquellas personas que estén “rompiendo” la cuarentena o violando el toque de queda.

La política punitivista como estrategia de control sobre los cuerpos y la vida cotidiana es un elemento que también se ha expresado en nuestro país: la creciente militarización de los barrios populares y la enorme cantidad de los controles policiales para regular la circulación de las personas han sido moneda corriente, junto a la multiplicación de denuncias de abuso policial en todo el territorio. Esta política de control y disciplinamiento también se ha fomentado por los medios de comunicación, creando el estereotipo de la “buena” o “mala” cuarentena, estigmatizado a los sectores populares con cientos de notas que hablan sobre cómo se vive la cuarentena en las “villas miserias” o en el Conurbano. También fue noticia la “persecuta vecinal” a trabajadorxs de la salud en sus propios hogares, llegándoles a pedir que se muden por el cuidado de “todo el edificio”. El virus del individualismo y el “sálvese quien pueda” aflora por varios rincones de nuestra sociedad y es tan letal como el COVID, pero se llama capitalismo y nos va a costar mucho más tiempo erradicarlo.

Por otro lado, se multiplican los puntos de organización territorial y resistencia al individualismo y lucro capitalista en diferentes lugares a lo largo y ancho del país. Ollas populares que no dan abasto y otras que nacen todos los días, colectas vecinales para quienes sufren el impacto económico de la cuarentena o enfrentan los primeros fríos. Organización de equipos para comprarles a les adultes mayores o personas del grupo de riesgo, donaciones de insumos o recursos para quienes trabajan en las instituciones de salud, limpieza colectiva de edificios o viviendas y también mensajes de aliento que reconfortan la tarea diaria, son algunas de las miles de expresiones de un pueblo que resiste y se organiza frente a la pandemia. Desde una mirada colectiva, esto también implica pensar en salud: son las estrategias y acciones que llevan adelante el pueblo para garantizar sus derechos básicos y recursos. Como dice Víctor Jara “solo el pueblo salvará al pueblo”. Pero saber esto, nos impulsa para exigir el derecho a una vida digna y poner sobre la mesa la necesidad de romper estructuras y construir otra sociedad.

 ¿Cuál es la situación del sistema de salud en Argentina?

En nuestro País el aislamiento social logró aplanar la curva de contagios, lo que permitió “ganar tiempo y preparar al sistema de salud para que no sobrepase su capacidad“. Pero ante la certeza de un inminente crecimiento de la pandemia, cabe preguntarnos en qué condiciones se encuentra nuestro sistema de salud, el cual además de ser mixto (lo compone el sistema público, privado y las mutuales), se encuentra descentralizado a nivel nacional, por lo que existen 24 administraciones diferentes en todo el país. Esta descentralización implica una seria dificultad tanto para la implementación de protocolos y construcción de planes integrales, como también significa una multiplicidad de formas de contrataciones y remuneraciones por distrito. Por otro lado, ante esta crisis se visibiliza lo fundamental de contar con todos los recursos para toda la población por igual, en este sentido las clínicas y otros efectores privados deben responder a las necesidades de la población y dejar de lucrar en nombre de la salud. Aquí radica la necesidad de un sistema de salud único y centralizado para que sea el Estado quién controle y administre todos los recursos del sistema de salud, y no quede a merced o buena voluntad de las instituciones privadas u obras sociales para enfrentar la magnitud de la pandemia.

El sistema público de salud está compuesto, además de trabajadores de la salud como planta (con salarios devaluados por la hiperinflación del 2019) por enfermeros que, en casos como el de CABA , son considerados “administrativos” y cobran por debajo de la línea de la pobreza, residentes que llevan una lucha histórica por su reconocimiento como trabajadores y hoy día cobran aproximadamente $139 la hora y con una sobrecarga laboral no reconocida (llegando a trabajar 80 hs semanales), concurrentes que trabajan de forma gratuita, sin tener ni siquiera ART, trabajadores administratives y de mantenimiento, que en muchos casos se encuentran tercerizados, y que son históricamente invisibilizados como parte del sistema de salud. Todas estas personas sostienen el sistema público hoy día. Es a quienes llaman “héroes” o “heroínas“, quienes todos los días se exponen a situaciones de infraestructura precaria en muchos hospitales y centros de salud, a la insuficiencia de los equipos de protección requeridos y a la ausencia de protocolos de trabajo claros que permitan cuidar la salud de los profesionales y usuaries como así también el funcionamiento de los espacios de trabajo.

En los últimos días se multiplicaron las noticias de miembros de personal de salud con casos afirmativos de COVID 19, por lo cual decenas de profesionales fueron aislados e incluso servicios enteros se encuentran cerrados. Esta situación es producto de las faltas de medidas de organización, y de pensar que cuanto más se le exija a les trabajadores mejor se puede enfrentar esta pandemia. Pero actualmente estamos en una etapa donde se podrían dividir y rotar a les trabajadores (como de hecho ocurre en algunos lugares) para evitar contagios masivos y exposiciones sin sentido. Estas medidas deberían ser tomadas por los ministerios correspondientes y no dejarlas a cuenta de la máxima autoridad de cada efector o la buena voluntad de los equipos, lo cual conlleva a manejos internos que juegan como “favores” y siguen perjudicando a los escalafones más bajos o tareas invisibilizadas; dificultando la unidad y organización del conjunto de les trabajadores. También es fundamental que la información sobre los casos confirmados dentro de los efectores y la propagación del COVID-19 por los territorios, sea pública lo que evita las especulaciones o falsos informes que circulan y sirve como insumo para tomar medidas de forma colectiva.

Por otro lado, el primer nivel de atención en el sistema de salud viene atravesando años de políticas de desfinanciamiento y vaciamiento de la salud: recorte de presupuesto e infraestructura, desmantelamiento de especialidades, achicamiento de los equipos de salud, por nombrar algunas. Esto lleva a quienes trabajan en estos espacios sientan la enorme responsabilidad de tener que garantizar, con sus propios salarios o apelando a donaciones de usuarios, diferentes estrategias de cuidado para les que asisten a diario a las instituciones, como así también para quienes trabajan allí, ya que los centros de salud son un espacio de referencia para la población y de las organizaciones territoriales.

En esta coyuntura, donde prima la incertidumbre y la sobre información, los centros de salud toman un papel más que relevante para pensar la promoción y la prevención de la salud desde una mirada integral, tomando en cuenta todos sus determinantes. Porque hay problemáticas que son previas a la pandemia y son estructurales (y funcionales) al sistema capitalista, como lo es el patriarcado, el racismo y la pobreza.

Garantizar una interrupción segura del embarazo, intervenir a tiempo en una situación de violencia de género, asegurar el acceso tecnológico a la población (no todes cuentan con un teléfono celular en el 2020), rastrear las situaciones donde no haya acceso a la información en torno a la contingencia COVID-19, pensar estrategias que garanticen una óptima salud mental entre les usuaries para transitar las resonancias del aislamiento social, articular con las organizaciones territoriales para garantizar un plato de comida (a veces la única) en familias que viven de changas, sostener tratamientos de usuaries con enfermedades crónicas, impulsar el plan de vacunación o hacer seguimiento de las gestaciones en curso son algunas de las tareas que llevan a diario les trabajadorxs del primer nivel de atención. También es parte de pensar “la urgencia” todas aquellas determinaciones sociales que hacen a la salud, como lo es la alimentación, la sexualidad, un hábitat digno, la posibilidad de una vida sin violencia, tener espacio de recreación y disfrute, entre otros elementos.

En el marco de una pandemia, es necesario que se piense de manera integral la accesibilidad y para que se generen las estrategias y articulaciones interinstitucionales e intersectoriales necesarias para abarcar las distintas realidades de nuestro pueblo. Por eso, es de vital importancia que se concrete la articulación y el fortalecimiento del primer nivel de atención (siguiendo el modelo cubano) con los hospitales generales para hacerle frente a las diferentes complejidades médicas o patologías que presente la población, sin descuidar todos los elementos cotidianos que también hacen al derecho a la salud. En esta misma línea, la participación activa de les trabajadores de salud es primordial ya qué estamos ante un escenario totalmente novedoso y desconocido para todos, por lo que debemos construir colectivamente propuestas de trabajos y la elaboración de protocolos tomando como referencia los lineamientos oficiales pero también, sumando las experiencias de organizaciones territoriales que ofrecen recursos más que interesante para apostar a construir prácticas en salud desde una mirada territorial.

Los desafíos que nos depara transitar esta pandemia es poder construir una mirada integral de la salud, sabiendo la importancia de enfrentar la emergencia sanitaria pero reconociendo que la salud abarca diferentes procesos (salud-enfermedad-atención-cuidados), está determinada por la clase, el género y la etnia y repercute en la vida cotidiana de la población. La dicotomía entre salud y economía que se quiere instalar desde el gobierno, los empresarios y los medios de comunicación resulta una gran falsedad para la mayoría de la población, porque hace tiempo que en nuestro país se vive con salarios por debajo de la línea de la pobreza, se encuentran familias hacinadas en viviendas que no cuentan con baño o agua corriente, miles que no llegan a tener un plato de comida diario, no existe el “quédate en casa” para las personas que viven en la calle. Las tareas de cuidados siempre recaen en las identidades feminizadas, que son expuestas a extensas jornadas y en muchos casos doble explotación. Entonces todo esto que está signado por lo económico no determina la salud ¿cómo se garantiza la salud si no se cuenta con recursos económicos para la supervivencia? La brecha real está en seguir garantizando las estructuras que permiten que el 1% concentre la mayor riqueza. La dicotomía real está en quienes están a favor de un impuesto (mínimo por cierto) a la riqueza y quienes siguen cuidando sus intereses.

Para garantizar todos estos elementos, se hace imprescindible reconocer que la única forma es ejecutar políticas públicas integrales que apuesten a priorizar el acceso a la salud y el cuidado de las mayorías por sobre el lucro de unos pocos. Hace mucho tiempo venimos de una lógica donde la salud es un bien de mercado, privilegiado para quien pueda acceder y la pandemia nos muestra que no hay sanatorio privado ni pre paga que sea inmune. La salud es un derecho humano básico y es responsabilidad del Estado garantizar su concretización, para no seguir pagando con nuestras vidas los lucros capitalistas.

sendaguevarista

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