Las medidas económicas del gobierno en medio de la cuarentena. (Las políticas de protección del trabajo no alcanzan)

Por el Equipo Territorial de CABA

En estos últimos días la discusión nacional pasó de poner el eje en la necesidad de la cuarentena frente a la pandemia del COVID-19, a la necesidad de también dar respuesta a la recesión económica en esta situación. Los medios masivos de comunicación, junto a políticos liberales, han manifestado la importancia de volver a abrir la economía. Las medidas de restricciones por la cuarentena han generado, en mayor o menor medida, pérdidas para muchos grandes capitales que piden a gritos una reactivación más allá de la cuestión sanitaria y los riesgos en la salud de la población.

Reconocemos que estas primeras discusiones sobre el aspecto económico actual pierden de vista la situación de quienes lo motorizan y lo hacen funcionar: lxs trabajadorxs. Los discursos de los medios sostienen los intereses empresariales y parecen no contar, o se les resta importancia, a las suspensiones, las reducciones de sueldo, la represión. Por su lado, las medidas paliativas que el gobierno ha buscado implementar y que no han dado respuesta total, como el IFE, el DNU contra los despidos, etc., tampoco tienen un lugar en los medios desde un punto de vista crítico.

Durante el mes que lleva la cuarentena se han sucedido los despidos de 1450 trabajadorxs en Techint, el pago parcial de sueldos, con reducciones de hasta el 50%, en empresas de comida rápida (Mc Donald’s, Burger King, etc.), en locales comerciales, entre otros. También se dio la represión en el frigorífico Penta de Quilmes, donde 250 trabajadorxs no cobraban desde hacía dos semanas, y la entrega parcial del IFE, con aproximadamente 4 millones de personas pendientes que deberán volver a cargar sus datos y estar a la espera[1].

Desde Senda Guevarista le consultamos su experiencia a un trabajador tercerizado de los espacios verdes de CABA. Sumamos su testimonio como producto de la situación económica y del accionar de las empresas. Mantenemos anónima su identidad para preservarlo de cualquier conflicto que pueda ocasionarle con dicha empresa:

Yo trabajo en una empresa de mantenimiento y limpieza de espacios verdes: jardines, parques y plazas en la ciudad de Buenos Aires. Somos tercerizados, el gobierno de la ciudad contrata a la empresa y la empresa contrata a los trabajadores.

Con respecto al pago, nosotros ya veníamos del año pasado con retrasos en nuestros salarios, nos pagaban en dos veces el sueldo, siempre se atrasaban. Ahora nos pagaron el sueldo recién el día 15 y nos pagaron el 95% del sueldo nada más. Además el gobierno de la ciudad depositó a la empresa la mitad de la plata para el pago de salarios y no teníamos información de por qué se atrasaban con nuestro salario. Creemos que la empresa tendría que haber depositado su parte para compensar y luego complementarlo cuando el gobierno de la ciudad le deposite en su cuenta lo acordado.

Estos resultados y testimonios se cruzan y entran en contradicción con los discursos y políticas del Gobierno. Las advertencias contra los despidos de Alberto Fernández en sus cadenas de prensa y el DNU prohibiéndolos, no están siendo efectivos. Los empresarios están incumpliendo el DNU o encontrando los puntos flacos (grises) en los convenios laborales particulares por rubro o en otras leyes del trabajo para poder aplicar sus ajustes, suspensiones y bajas del sueldo[2], como es el caso Techint.

El pasado domingo 18 de abril, el Gobierno se vio en la necesidad de ampliar el Programa de Asistencia y Emergencia al Trabajo y Producción (ATP) con un nuevo DNU, considerando que es necesario disminuir el impacto negativo en la actividad económica; debido al alargamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El DNU dispone que el Estado financiará el 50% de los salarios netos del sector privado, tomando como referencia los salarios cobrados en febrero 2020, con fondos de la Anses. El subsidio por trabajador tendrá un piso equivalente al salario, mínimo, vital y móvil que equivale a $16.875 y un tope de la suma de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Cabe aclarar que este decreto elimina las restricciones que habían sido impuestas anteriormente, y todas las empresas podrán acceder al ATP sin importar la cantidad de personal que manejen, pero accederán a distintos beneficios. Serán beneficiadas las empresas que se encuentren paralizadas total o parcialmente en su actividad y aquellas en las cuales las demandas de sus servicios o productos se hayan visto seriamente afectadas. La asistencia se mantendrá mientras dure el aislamiento impidiendo la normalización de las actividades de cada uno de los sectores en cuestión. El decreto también incluye el acceso a crédito tasa cero para pequeñxs contribuyentes y trabajadores autonomxs, un seguro de desempleo que va de 6 mil a 10 mil pesos, entre otras medidas.

Entendemos que el nuevo DNU se lanza, además de lo mencionado por el gobierno, debido a fracasos en medidas anteriores, como el mismo DNU de prohibición de despidos olas trabas impuestas por los bancos y su lentitud para otorgar créditos a tasa subsidiaria, en las cuales se encontraban especialmente afectadas las pymes que no podían acceder a los mismos ya que no se hallaban dentro del radar de los bancos, más allá que el Estado saliera como garante.

La efectividad y alcance de este nuevo decreto está por verse. La perspectiva de que proteja en tiempo y forma a lxs trabajadorxs que siempre son lxs que pagan los costos más altos de las crisis económicas, no es una certeza. Las empresas deberían cumplir con la parte que les toca, ya que a pesar de la crisis obvia que atraviesa la economía, están recibiendo una importante ayuda del Estado, con la reducción y prorroga de los aportes patronales y “el salario complementario”, sin embargo siguen utilizando vericuetos legales para reducir y cesantear personal, hacer abuso de poder como aprietes por parte de lxs empleadorxs a sus trabajadorxs obligandolxs a firmar acuerdos que no lxs favorecen bajo la amenaza de echarlxs, o haciendolxs trabajar desde su casa con disponibilidad las 24hs y/o incluso no entregándoles las herramientas de trabajo para quienes trabajan en esta modalidad, generando a lxs trabajadorxs complicaciones, gastos extras y más. [3]

Ante este panorama, más allá de las medidas financieras del Gobierno hacia las empresas, hay que resolver las vulnerabilidades legales de las que se aprovechan los empresarios para suspender y despedir a lxs laburantes en este periodo de excepción. Se vuelven necesarias políticas con más peso para cuidar el trabajo de la población. Se debe priorizar legalmente el DNU que impide los despidos frente a los convenios u otro tipo de leyes. Las leyes de cuidado y de protección del trabajo deben valer más que las condiciones que lo vulneran.

El gobierno aprueba decretos, pero no contempla medidas concretas para su aplicación y cumplimiento. Tienen con qué hacerlo pues están a su disposición los recursos y poderes del Estado. Debe haber consecuencias para las empresas que incumplen, y como bien decíamos, estos DNU deben estar por sobre leyes y acuerdos previos en vistas de la situación de emergencia. No debe quedar en mano de lxs trabajadorxs hacer las denuncias y vérselas con abogados y largos procesos. Deberían estar habilitados canales más directos de intervención estatal. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que el nuevo DNU busca evitar despidos garantizando el pago de sueldos que en muchos casos estarán alejados de los sueldos previos de dichxs trabajadorxs, y que para quienes tienen familia, se hace aún más precario. Desligando a su vez a las empresas de muchas obligaciones, otra vez, el Estado prioriza dar subsidios antes que obligar a las empresas a hacerse cargo de dar respuestas, especialmente a las grandes empresas que perfectamente podrían hacerlo.

Sabemos que una recesión fuerte, con subas en las cifras de desocupación, puede implicar tensiones sociales, que el gobierno quiere evitar. Buscando equilibrar entre contener la expansión de la pandemia, garantizar las ganancias de lxs capitalistas y a la vez la gobernabilidad, dan respuesta, aunque no sean totales, a dichas tensiones sociales. Entendemos que esto se refleja en la insuficiencia de las medidas, y la poca firmeza en hacerlas cumplir, priorizando subsidios y paliativos.

Indec
Gráfica del Indec sobre el índice de precios de marzo

Además de todo esto, la situación económica se empeora al registrar un 3,3% de inflación en Marzo, la mayor registrada del año. Esto evidencia una vez más, pese a la queja de los grandes capitales sobre las restricciones a la economía, que ellos siguen especulando y acumulando ganancia a costa de lxs laburantes que sufren las condiciones laborales antes mencionadas. Nuevamente vemos la insuficiencia de las medidas tomadas por el Gobierno, que los límites a las subas, los precios cuidados y otras políticas similares no están generando el efecto esperado. Y para quienes especulan, en toda la cadena de producción y distribución (no sólo en los supermercados y negocios de venta al público), no parece haber consecuencias.

Frente a esto aparece la posibilidad de un impuesto a las grandes riquezas para solventar esta grave situación económica. Rápidamente, los mismos medios de comunicación que piden la reactivación económica en correlación a los intereses empresariales, salen a defender a estos sectores y a plantearse en contra de dicho impuesto. Estamos hablando de un impuesto a dueñxs de la producción que ostentan millones de dólares en sus cuentas, un impuesto que es apenas un pequeño porcentaje de su riqueza, que significa muy poco de su capital y que podría ponerse en función de la salud y de los sectores más perjudicados. A pesar de esto, la negativa persiste y el bloque de diputadxs de Cambiemos ya se manifestó en contra. Es insólito y contradictorio que nos digan que tenemos que poner el cuerpo, solidarizarnos y hacer un doble esfuerzo en el trabajo para sobrellevar esta situación mientras quienes más tienen no pueden hacer lo mismo y dar un poco de su capital acumulado a costa de nuestro trabajo. Estas contradicciones discursivas aparecen en los medios masivos de comunicación, en los políticos liberales y en lxs diputadxs del Pro.

Rocca
Foto del Encuentro de Trabajadorxs, Organizaciones sociales y territoriales de la Matanza

Esto es aún más indignante viniendo de lxs políticxs de Cambiemos que, gobernando la Ciudad de Buenos Aires hace más de 12 años, vienen desfinanciando a los sectores públicos y reduciendo el personal hace años. Con el contraste de estas políticas de ajuste, el gobierno de la ciudad le pide de forma cínica a sus trabajadorxs que se solidaricen, distribuyendolos por sectores y tareas para las que no fueron contratadxs. Esto conlleva una sobreexigencia para estxs laburantes que podrían cubrirse y mejorarse con una nueva financiación a partir del impuesto a la riqueza al que se oponen.

Lo que se dirime en este momento y es importante resaltar y problematizar, frente a la posibilidad de recuperar recursos, aunque sea en una mínima medida, con este impuesto a las grandes riquezas, ¿Qué pesará más en sus balanzas, los intereses del pueblo o los de empresarixs ricxs?¿Darán acaso respuesta a las necesidades evidentes e insoslayables del pueblo trabajador? ¿Está el gobierno nacional dispuesto a tocar intereses para dar esa respuesta, enfrentando a la oposición de Cambiemos y a la casta de empresarixs?

Notas

[1]https://www.telam.com.ar/notas/202004/451392-la-anses-abre-una-nueva-inscripcion-para-el-ingreso-familiar-de-emergencia.html

[2]Para profundizar esta información se puede recurrir a esta nota de La Tinta: https://latinta.com.ar/2020/04/despidos-recortes-suspensiones-cuarentena-derechos-laborales/?fbclid=IwAR3v8BDfjUrmR08UPsTr5eT_ZXP6Ln_ur0s04UcN88V2Uovol7frHotC9s4

[3]Dejamos el detalle de este DNU comunicado por el Boletín Oficial:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227988/20200420

sendaguevarista

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