Colombia: a romper el silencio

Transcurridos más de dos años de la finalización de los procesos de negociación entre la organización insurgente FARC-EP y el gobierno de Colombia, la acumulación de víctimas que han pagado con su vida la decisión de los bloques dominantes de ese país de sostener como premisa de su dominación el más cruento estado de represión permanente y la más evidente violación de todos los principios y derechos de cualquier ser humano, es un hecho que no puede seguir silenciándose. Son esos gobernantes quienes han emprendido el camino de la violación de los acuerdos y quienes siguen apostando a la guerra al pueblo como su bandera.

Numéricamente (siendo este un criterio detestable) esa evidencia no para de aumentar. Según la Defensoría del Pueblo de ese país hay en Colombia un asesinato por día por motivos políticos. En cifras del último informe conjunto de la CACEP (Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular), la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica e Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), desde enero de 2016 a mayo de 2019 se registra el espeluznante número de 837 personas asesinadas: 702 líderes sociales y de derechos humanos, y 135 excombatientes de las FARC-EP, o sus familiares.

Los datos numéricos solo sirven para corroborar una afirmación: se trata de una violencia sistemáticamente ejercida. No son hechos aislados ni casualidades. La situación que se vive en Colombia permite reafirmar la existencia de hecho de un plan sistemático de aniquilación. Algunos elementos para pensar su desarrollo los podemos reconocer en: a) el nivel de intervención imperialista norteamericano, que hace de Colombia el país de Latinoamérica que recibe más dinero del presupuesto militar yanqui. Correspondientemente, el sostenimiento del ejército numéricamente más grande de la región. b) El alineamiento, históricamente asentado, de la clase dominante en dos bloques políticos, coyunturalmente enfrentados, pero coincidentes en los intereses económicos ligados al extractivismo y el narcotráfico. La continuidad de métodos de paramilitarización del disciplinamiento social y de represión a cualquier forma de disidencia política. Y c) la subordinación a los intereses de la clase dominante del aparato mediático que refuerza la estigmatización sobre los sectores en resistencia y que defiende los intereses oligárquicos y narco-paramilitares, entre otras, con la permanente recreación del enemigo “castrochavista’’ como cortina de humo de doble efecto (oculta las violaciones de derechos humanos en las regiones del interior de Colombia, al tiempo que legitima la persecución ideológica).

En este marco, entendemos los asesinatos de los llamados “líderes sociales’’ como la contraofensiva del bloque de poder que recientemente ha reingresado a la cúspide del gobierno, con el objetivo de cercenar los pequeños pero significativos avances logrados por los sectores populares en la coyuntura de negociaciones con las insurgencias. Se trató de una coyuntura de politización de la opinión pública (no necesariamente de cuestionamiento de los resortes de esa dominación), que incluyó la activación de dinámicas de organización y visibilización de la pobreza y violencia con la cual los sectores de poder han oprimido y explotado a las mayorías de ese país. Tras las negociaciones de paz los problemas de la concentración de la tierra, de la explotación de los bienes comunes, de la pobreza en las barriadas, la falta de empleo y las violaciones a los derechos humanos, no se resolvieron, pero se pusieron en debate. Por debatir, por organizarse y luchar por una vida digna, hoy cientos de colombianxs están siendo asesinadxs.

Por esto, nos sumamos a la marcha propuesta desde esos sectores para denunciar que lxs asesinados en Colombia son víctimas del Estado (por acción y por omisión flagrante). Que la lucha de las organizaciones que aún siguen resistiendo en el hermano país es la lucha de la clase trabajadora obrera y campesina por liberarse de las cadenas de opresión que históricamente les han atado a gobiernos asesinos, paramilitares y narcotraficantes. Rechazamos enfáticamente el cinismo del actual presidente al anunciar públicamente que él, junto a su gabinete de ministros, se sumaran a las marchas. Acompañamos, en cambio, a todxs aquellos que se sientan convocados, no a conmemorar la muerte, sino a denunciar a sus responsables, a no dejar que el silencio que envuelve los crímenes de Estado en Colombia se siga escuchando.

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sendaguevarista

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