No cabe la menor duda que el poder judicial ha tenido un protagonismo renovado durante el gobierno de Cambiemos. No sólo en sus funciones específicas, sino como una pieza fundamental para la construcción del relato oficial en torno a la “pesada herencia” y la corrupción “K”, que tanto le ha servido al macrismo para correr el eje del debate público.
En estos años el terreno judicial se ha convertido en uno de los epicentros de las confrontaciones de los sectores dominantes. Según el canal de televisión que sintonices, se verá una cara del enfrentamiento entre las distintas facciones del poder judicial, que se resquebraja al ritmo de los potenciales escenarios que pueden resultar de la contienda electoral. Hay dos causas nodales donde se concentra el fogueo en la disputa por el poder ejecutivo: la causa de “las fotocopias” de los “cuadernos Gloria” y la corrupción en la obra pública, que apuntan contra las aspiraciones de Fernández – Fernández; y, por otro lado, la causa de las extorsiones y espionaje del falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal en rebeldía Carlos Stornelli, que apuntan contra funcionarios del gobierno macrista, como la ministra de seguridad Patricia Bullrich y la diputada Elisa Carrió.
Un raconto rápido del rol que viene cumpliendo el poder judicial demuestra su papel clave en la legitimación de las políticas de estado que fue desplegando la CEO-cracia. Vale recordar el nefasto papel del juez Guido Otranto, que se encargó, siguiendo las instrucciones del gobierno, de encubrir el accionar de gendarmería cuando ocurrió la ilegal represión en la comunidad mapuche de Lof Cushamen, con la desaparición de Santiago Maldonado. Las causas truchas y la persecución judicial a luchadores sociales luego de la represión de la protesta contra la reforma previsional. La destitución del juez Arias, quien se opuso a la política de tarifazos dictando amparos judiciales en la provincia de Buenos Aires.
En estos días, asistimos a la circulación masiva de escuchas ilegales a ex funcionarios presos en los “prime time” de los programas de televisión, violando las más mínimas libertades democráticas. Dando muestras del grado de putrefacción de un poder del Estado, que permanece en el tiempo y que atraviesa los cambios de gobierno sin que rinda cuentas ni se ponga en cuestión su responsabilidad en las penurias de nuestros pueblos.
Por ello, no podemos permanecer al margen y debemos poner en el foco de la lucha social y política también a los funcionarios/as “encargados/as de la administración de justicia”. Porque, como daremos cuenta aquí, son una parte esencial de la perpetuación de privilegios, la opresión y la dependencia.

Ese poder permanente del Estado: El poder judicial.
“En el siglo XIX, se desarrolló, procedente de la Edad Media, el poder centralizado del Estado, con sus órganos omnipresentes: el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura”, decía Marx en la Guerra civil en Francia, donde analizaba las enseñanzas de la Comuna de París de 1871 (primera experiencia de gobierno proletario del mundo). Ese poder “omnipresente”, constituido a la imagen y semejanza de la clase dominante, en este caso la burguesía, trasciende los vaivenes coyunturales de la política y perdura en el tiempo, convirtiéndose en el verdadero guardián de los privilegios e intereses de clase. Ya sea dictadura militar o democracia representativa, los poderes permanentes garantizan la continuidad de la “seguridad jurídica”.
En 1930, 4 días después del primer golpe de Estado del siglo XX, la Corte Suprema de Justicia emitió una “acordada”, donde reconocía la legalidad del gobierno de facto, cuyo título no podía “ser judicialmente discutido”. Este acto sentó un precedente nefasto, que en los hechos legalizó los golpes militares.
Durante la última dictadura, el poder judicial cumplió un rol fundamental en su colaboración con el régimen, cubriendo una amplia y variada gama de conductas: desde la denegación sistemática de los hábeas corpus, la participación en las maniobras de ocultamiento de cadáveres y de las razones de esas muertes, hasta la apropiación ilegal de niñas/os nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Ese mismo poder permaneció inalterable durante el regreso del régimen democrático burgués con Alfonsín, ensayando, en respuesta a la demanda democrática del pueblo, el juicio a las juntas militares. Pero luego avaló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dio completa impunidad a miles de genocidas, torturadores y cómplices del mayor exterminio social y político del siglo XX en Argentina y el Cono Sur.
Esa misma casta de funcionarios/as judiciales es la que luego hizo la vista gorda durante la estatización de la Deuda Privada de grandes empresas nacionales y extranjeras a cargo de Domingo Cavallo, por entonces presidente del directorio del Banco Central. Luego de 18 años, hubo un fallo del fuero federal que declaró ilegal y fraudulenta la estatización. Pero fue como para salvar el “error”; ahora ese fallo duerme en los cajones del Congreso Nacional, desde hace otros 19 años.
Como si fuera poco, el Poder Judicial garantizó la entrega de las empresas estatales durante el Menemato y el desmantelamiento del aparato productivo, que dejó en la calle a millones. Pero aparentemente el pueblo trabajador, rehén de esta camarilla de burócratas privilegiados/as, no tendría ninguna potestad en el marco de esta democracia, de elegir a quienes se encargan de administrar justicia.

Bonadío, Stornelli y Nisman, “hombres” del poder permanente.
Desde el primer día del mandato de Mauricio Macri, somos testigos de una novela interminable que se trasmite las 24 horas del día. Las promesas de campaña se ocultaron detrás de las coberturas en vivo, y sus repeticiones, de testigos protegidos, victimarios convertidos en víctimas y arrepentidos/as, que desfilan por los tribunales y tienen sillones reservados en las cadenas noticiosas y programas de mayor rating. Su función es la de condenar “el pasado” y convencer a la gente de que “este es el camino”, “aunque duela”.
Pero ese gran sueño televisado, de supuesta “depuración republicana”, se va diluyendo y se empiezan a ver los hilos de aquel poder permanente. Más allá de trabajadores del derecho, loables y respetables que defienden al pueblo de la persecución del poder, el nivel de descomposición ética y moral de esta burocracia judicial lo hacen uno de los reservorios más putrefactos del poder del Estado, junto a los “invisibles” de siempre: los aparatos de inteligencia, que son la primera línea de defensa del “poder permanente”.
En los casos de los fiscales Nisman y Stornelli quedan en evidencia el vínculo con agentes y agencias de inteligencia, nacionales y extranjeras, con operaciones políticas y económicas de todo fuste. El sumun es el falso abogado y, aparentemente, agente de inteligencia de la DEA, Martín D’Alessio, quién estaba a cargo de extorsiones y montajes judiciales del fiscal “rebelde” Stornelli. Muy amigos de la ministra Patricia Bullrich.
Al fallecido fiscal Nisman, el Estado sionista de Israel le realizó un homenaje en su propio territorio, con monumento y honores, por los “servicios prestados” como ejemplo de “funcionario público que dejó la vida por sus convicciones”. El fiscal se vinculaba asiduamente con los servicios de espionaje de Estados Unidos e Israel, como daban cuenta los cables diplomáticos de la embajada de EEUU en Buenos Aires, desenmascarados por Wikileaks. Recientemente, en el juicio por La Tablada, un ex militar involucró al fiscal Nisman como cómplice de la trama de ocultamientos de los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron. El ex militar se quebró ante el tribunal y denunció que 30 años atrás lo obligaron a mentir. Había suscripto una declaración falsa que lleva la firma de Alberto Nisman.
El juez Claudio Bonadío, alfil fundamental del oficialismo, también es producto de una larga tradición de jueces que han servido a los gobiernos de turno. Bonadio era parte del elenco de jueces federales menemistas que en 1996 Domingo Cavallo denunciaba que eran parte de la “servilleta” que le había pasado Carlos Corach. En aquella época fue acusado de activar y desactivar causas en función de los intereses presidenciales. Tuvo denuncias por “cajonear” una causa contra Víctor Alderete, ex interventor del Pami, y otra contra el grupo Yoma (estrechamente vinculado a Menem), entre otros.
La pregunta que nos podríamos hacer a esta altura, luego de este sintético recorrido, sobre estos procesos judiciales, es… ¿No serán simples operaciones políticas cuyo fin es encubrir el saqueo y empobrecimiento de las masas asalariadas y desposeídas en pos de la “sagrada” tasa de ganancia del capital? ¿Por qué en todas las causas los empresarios amigos del gobierno actual son sobreseídos?
Con este prontuario del poder judicial, se vuelve un poco sospechosa su pretendida batalla contra la corrupción del pasado. Sobre todo cuando se quedan de brazos cruzados mientras la política del presente genera que el pueblo quede desamparado ante el cierre de sus fuentes laborales, que les ajusten brutalmente sus salarios, que más de la mitad de nuestros niños y niñas son pobres, que nos endeuden sin escrúpulos mientras se fugan, sin freno, las divisas fundamentales para el desarrollo del país.

El poder judicial de la era Macri es herencia del kirchnerismo
En diciembre de 2012, tras el polémico fallo de la Justicia tucumana sobre el Caso Marita Verón, en el que fueron absueltos todos los imputados por el secuestro y desaparición de la joven, se desató una indignación generalizada que empujó a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara una “democratización” de la justicia.
El gobierno kirchnerista venía atravesando dificultades en su relación con este poder híper conservador, que enfrentaba su tibia política reformista burguesa. Entre la larga lista de trabas del poder judicial, el kirchnerismo venía renegando con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, detenida por la acción de medidas cautelares. Ésta era una de sus leyes fundamentales para condicionar a los medios de comunicación monopólicos, que desde 2008 habían pasado a la oposición total. El kirchnerismo intentó enfrentar ese “poder permanente del Estado” con amenazas de democratización. Pero eran sólo amenazas, que terminaron en nuevas reglas y mecanismos de elección de jueces y funcionarios entre las corporaciones de los otros poderes. Hoy el kirchnerismo reniega de éste esquema de poder, pero no fue capaz de ir a fondo por los propios límites del bloque que lo constituye. Ir más a fondo implicaba ir contra el poder clave como garante de la permanencia del capitalismo en Argentina.

Denunciar la complicidad y luchar por una verdadera democratización
Aunque en el pueblo generan hastío y apatía los distintos vericuetos de la disputa judicial-mediática hacia las primarias presidenciales, debemos aprovechar para denunciar y convencer acerca de la necesidad de transformar el sistema jurídico. Y para ello se debe terminar primero con esos poderes corporativos que tiene el sistema para auto-defenderse y perpetuar la administración de in-justicia sobre el que se apoya la opresión y explotación.
Por ello debemos alentar la lucha y enfrentar con la batalla de ideas la intención de manipular la población a través de la televisación cotidiana de procesos judiciales, contaminados de operaciones de los servicios de inteligencia. Su fin principal es volcar, para un lado u otro, las preferencias electorales; debemos demostrar que la justicia no vendrá por lo que termine fallando tal o cual juez, sino por lo que podamos construir con la movilización y la elección democrática de todos/as los/as funcionarios/as responsables de administrar un nuevo sistema de justicia.
Debemos también denunciar la manipulación judicial que intenta encubrir los casi 4 años de ajuste, despidos, empobrecimiento y entrega de soberanía que está llevando adelante el gobierno neoliberal de Macri y compañía. Esto sin caer en la “oportuna” desmovilización que se propugna desde el kirchnerismo, una falsa y tramposa táctica que busca enfriar el descontento y crear bajas expectativas para el próximo gobierno.
Es primordial, sin lugar a dudas, derrotar en las urnas al neoliberalismo, pero fundamentalmente debemos derrotar a su programa. Y eso será, como la historia lo demuestra, fruto de la resistencia en las calles con todas las formas de lucha que hemos desplegado durante estos años, levantando bien en alto un programa democratizador, como antesala de una sociedad libre de explotación, desde y para el pueblo trabajador.