EDITORIAL

Una ola verde recorre el mundo

La discusión por el aborto legal ha tomado este año una notable presencia en la opinión pública, el tratamiento del proyecto de ley en el congreso primero y ahora en el senado, han disparado al aborto como el tema más discutido en la agenda mediática, política y social.

Lo cierto es que para quienes venimos llevando esta lucha a lo largo de los años, el aborto fue, es y será tema de agenda. El proceso de lucha de los movimientos de mujeres y feministas vienen de larga data y a lo largo de la historia se ha visibilizado en las calles, lugares de trabajo, las casas y todo ámbito, que el aborto es una causa que nos encuentra -y nos desencuentra- a una gran cantidad de mujeres y personas gestantes reclamando y exigiendo para que se realice en condiciones seguras y que sea gratuito en los hospitales.

¿Un debate sólo de salud pública?

La perspectiva de clase y género es fundamental para comprender el debate en torno al aborto legal, seguro y gratuito en términos sociales y culturales o de aquello que la filósofa feminista Alejandra Ciriza señala como la relación entre cuerpo y política.

En este sentido, no es casual que los sectores conservadores de la alta burguesía argentina y aquellos provenientes de las ramas más reaccionarias de la iglesia católica -entre otros credos, como el evangelista- jueguen un papel determinante a la hora de definir posiciones en relación al aborto en nuestro país y en toda América Latina. No se trata de una cuestión médica o legal meramente, sino de una lucha atravesada por el deseo de libertad, una demanda que, si bien parcial, ataca un pilar fundamental en el que se sostiene la subordinación de las mujeres y de todas las personas que no obedecen al mandato de la heterosexualidad obligatoria: el poder de decisión sobre el propio cuerpo y el goce de la propia sexualidad.

Pero también se trata de una demanda de clase, pues somos las mujeres trabajadoras las que debemos enfrentarnos a las peores consecuencias de la clandestinidad, del mismo modo que nos enfrentamos a diario a cada vez peores condiciones de explotación, a la desigualdad laboral y salarial, a la violencia machista sobre nuestros cuerpos y subjetividades.

En muchos casos nos encontramos con sectores que se pronuncian en contra, y notamos que no son precisamente aquellos que tienen que padecer un sistema de salud pública estructuralmente deficiente, que no garantiza a las personas su acceso y correspondiente atención. Y es porque no tienen dificultades económicas para acceder al sistema de salud privado y costear lo necesario para afrontar cualquier situación; que no serán estigmatizados por decidir no seguir adelante con un embarazo no deseado ya que no sufren las distintas opresiones por ser mujer, obrera, desocupada, indígena, afro, lesbiana, transexual. Y entonces, es más fácil posicionarse en la vereda del frente y decir “salvemos las dos vidas”, porque todo pareciera más fácil cuando no interesa en lo más mínimo situarse en el cuerpo de aquellas personas que están diciendo que no quieren seguir adelante con ese embarazo que no fue deseado; que su vida no es fácil y no quieren traer a este mundo de injusticias a otro ser que siga sufriendo; no quieren tener un/a hijo/a fruto de una relación violenta; no quieren mirar a ese hijo/a el día de mañana y recordar que por una violación él/ella está allí, entre sus brazos, y al mirarle sentir culpa por lo que está sintiendo. O simplemente, por no desear ser madres, porque los anticonceptivos fallan, por los miles de motivos que existan, esa decisión debe primar más que cualquier valoración individual, moral o religiosa.

Somos nosotras las que padecemos esa imposición de la maternidad como único mandato social posible. Somos nosotras las que, después de obligadas en muchos casos, debemos llevar como podemos la maternidad adelante sin importar lo cuesta arriba que se torna el camino y sin cuestionar muchas veces a los varones en el rol que cumplen dentro de esta historia.

Por otro lado, como mencionamos anteriormente, la realidad nos demuestra que en en el capitalismo patriarcal somos las trabajadoras las que padecemos la cruda cara de este sistema perverso, las principales afectadas cuando hablamos de falta de políticas públicas y el desfinanciamiento de éstas. La lucha por la legalización del aborto alcanza su pico de radicalización y masividad, no casualmente, en un contexto de feroz ajuste y de recrudecimiento de la lucha de clases. La legalización y sobre todo la gratuidad del aborto en el marco del sistema público -como muchas otras reivindicaciones feministas- forma parte de la lucha social por mejores condiciones de existencia tanto materiales como simbólicas, y estará en nuestra capacidad de movilización la posibilidad de abrir y sostener a partir de ello, nuevos frentes de batalla contra el ajuste en la salud pública, contra la violencia médica, la objeción de conciencia o la incidencia de la iglesia en asuntos del estado, entre otros que ya se vienen sosteniendo.

Es tiempo entonces, de terminar con la discusión hipócrita del sí o el no al aborto, con los discursos “éticos” y religiosos marcados por una doble moral que sostiene la vida del “niño por nacer”, pero defiende el gatillo fácil hacia los y las jóvenes en los barrios populares, pues, sus vidas no son las que importan por ser pobres y para ellos y ellas no es -según esas lógicas- posible una vida digna.

El debate por el aborto, nuevamente, no sólo involucra al ámbito de la salud pública, sino que además es un debate atravesado por la política. No en vano los sectores de poder reaccionan en contra de lo que entienden como un ataque hacia sus privilegios y la iglesia intenta seguir legislando sobre los cuerpos de las mujeres, tampoco en vano, la burocracia patriarcal de la CGT plantea que los abortos no se cubran desde las obras sociales, nada menos que su principal fuente de enriquecimiento y bastión de poder.

¡Se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista!

La radicalización y masificación del movimiento feminista comenzó a cobrar peso a nivel internacional, con movilizaciones de gran magnitud en distintos países. A su vez, la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que existe en Argentina desde el 2005, comenzó a ser replicada en otros países de nuestro continente: Chile, México, Venezuela, Perú, Paraguay, Costa Rica y Brasil.

Cabe aclarar, que en la mayoría de los países americanos el aborto sigue siendo ilegal, con excepción de: Canadá. Cuba, Estados Unidos, Guayana, Guayana Francesa, Puerto Rico y Uruguay.

Dentro del contexto latinoamericano, tanto en El Salvador como en Nicaragua y República Dominicana, no se permite abortar bajo ninguna circunstancia. E incluso tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto.

Por otro lado, en países como Argentina y Brasil, el aborto es practicable únicamente en caso de que la vida de la persona gestante esté en peligro.

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, según lo especificado en el artículo 86 del Código Penal de la Nación en marzo de 2012. Pero esto sólo quiere decir que lo que está reglamentado es una interrupción legal del embarazo, sólo permitida por esas causales y bajo el cumplimiento de determinados protocolos y reglamentaciones.

Sin embargo, muchas de las provincias aún no han adherido al Protocolo Nacional ni cuentan con protocolos que se ajusten siquiera a estos criterios. De las 25 provincias argentinas, sólo 9 de ellas cuentan con un protocolo, siendo estas Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego; en 7 dificultan el acceso al aborto seguro, y en las restantes 8 ni siquiera cuentan con normas legales al respecto.

Pero esto no garantiza que médicos y médicas o personal de salud en general cumplan con él, usando como excusa su derecho de ser objetores de conciencia para, en muchos casos luego practicar abortos de manera privada.

Esta perspectiva, apoyada por un sistema judicial patriarcal y burgués, derivó en la criminalización de una médica de El maitén, una localidad de la zona cordillerana en la provincia de Chubut. La doctora Estrella Perramón, quien garantizó una interrupción legal de embarazo a una joven que tiempo después murió por otra enfermedad no relacionada con la práctica del aborto. La doctora fue acusada por un juez que anteriormente había negado realizar la misma práctica médica a una chica de 12 años que cursaba un embarazo no deseado producto de una violación.

En una entrevista con Estrella luego de su exposición en una Jornada organizada en la ciudad de Trelew el 18 de junio, nos comentó su situación judicial actual: “Mi caso está siendo evaluado por el tribunal superior de justicia de la provincia como un recurso extraordinario, porque impugnamos la condena que realizó la cámara en Esquel. Y estamos esperando la respuesta a ver si llega al fin la absolución y si no seguiremos peleando y brindando información hasta que así sea.”

Por otro lado, hablando del tratamiento mediático que se le dio a su caso, mencionaba que: “En un inicio, en diciembre de 2015, hubo información muy tergiversada y desde la estigmatización de lo que significa el aborto, ya sea desde el marco legal como la peligrosidad o no de la práctica médica. Porque fue en el marco de un hospital. Y luego en función al empoderamiento, el acompañamiento feminista, el poder transmitir a través de redes y de diarios y revistas independientes información más cercana a lo que sucedió. Fue así como los mismos diarios que en un momento habían estigmatizado mucho la practica hicieron otra mirada, y también enmarcada en todo el movimiento feminista del país que arrasa con todo.”

Marchando hacia el 8 de agosto

La legalidad del aborto permitirá que quien quiera/necesite hacerlo lo pueda llevar adelante en un hospital de forma segura y con la atención necesaria; no obligará a nadie a abortar ni mucho menos se incrementará el número de mujeres que aborten, sino que reducirá las muertes por abortos clandestinos que representan casi un 20% de la mortalidad materna; y desbarataría el negocio del sistema de salud privado que se enriquece a costa del bolsillo, la salud y en muchos casos la vida de las mujeres.

El hecho de que haya ingresado el proyecto de ley logrando la media sanción en el Congreso y ahora se prepare para debatir en el Senado luego de 8 presentaciones, habla de la importancia de los procesos de lucha del movimiento feminista y de la presión social que a partir de éste se ha logrado generar.

Hoy transitamos un camino sólo de ida, en el que buscamos la legalización del aborto. Un camino que comenzó hace tiempo con las primeras intervenciones en los Encuentros Nacionales de Mujeres, entre otros espacios que nos reunieron a través de la historia. Y que tomó forma cuando un grupo de compañeras llevaron adelante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, concretada en 2005, pero gestada desde muchos años antes.

El 1ero de agosto está previsto el dictamen en comisiones, y el 8 de agosto se votaría en la Cámara de senadores y senadoras. Y ahí estaremos, firmes, agitando nuestros pañuelos verdes, por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

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